*Es el primero en lograr la certificación en sus procedimientos jurisdiccionales
El Poder Judicial del Estado de Puebla es el primero en el país en recibir la Certificación ISO37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, un referente internacional que avala la aplicación de las mejores prácticas para fortalecer a la institución, combatir posibles actos de corrupción y refrendar la confianza ciudadana, destacó el Magistrado Presidente Héctor Sánchez Sánchez.
Al recibir en Ciudad Judicial el certificado destacó que 2020 ha sido un año de retos pero también de trabajo para que el Poder Judicial del Estado recupere una posición preponderante a nivel nacional.
“Hoy en día estamos logrando una referencia de carácter internacional, siendo avalados de contar con las mejores prácticas para fortalecer a la institución a la que nos debemos y el concepto que la ciudadanía tiene de nosotros”, señaló acompañado por los integrantes del Consejo de la Judicatura, los Magistrados Joel Sánchez Roldán y Roberto Flores Toledano.
El alcance de la certificación incluye el control de gestión en los juicios: el cual inicia en la recepción de la demanda y concluye en la emisión de la sentencia, considerando las materias Familiar, Civil, Mercantil y Financiero.
El proceso conlleva a la detección de cualquier acto de soborno, cohecho, aceptación de regalos, fuga de información, tráfico de influencias y conflicto de intereses.
El Presidente Héctor Sánchez agradeció a las y los impartidores de justicia, así como a quienes laboran en el Poder Judicial por el esfuerzo en la implementación de los protocolos y mecanismos necesarios para lograr la certificación y los llamó a mantener el mismo compromiso de honestidad y transparencia en sus actos.
En este sentido, destacó los logros obtenidos recientemente: el distintivo nivel oro en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación y la recertificación otorgada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) en Juicios Orales Mercantiles (JOM), que refrendan el compromiso del Poder Judicial de privilegiar el desarrollo integral de las y los servidores públicos, así como el acceso efectivo a la justicia.
