A Jacqueline, de 22 años y quien vive con una discapacidad motriz, la sentenciaron a cuatro años y cuatro meses de prisión por el robo de unos refrescos. Durante dos años, estuvo privada de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, en la CDMX, de donde salió el pasado 30 de junio luego de verse beneficiada por el programa de preliberaciones que impulsa el gobierno capitalino.
Ya que no tiene redes familiares que la apoyen, la asociación civil Mujeres Unidas por la Libertad fue por ella y la llevó a su casa. El martes 5 de julio, Adriana Leyva, cofundadora de la AC, acompañó a la joven al Instituto de Reinserción de la CDMX para dar seguimiento a su proceso en libertad, poner en regla sus papeles y ver la posibilidad de que accediera a algún apoyo económico en tanto logra insertarse en el mercado laboral. Sin embargo, el instituto —sin notificación previa y a pesar del acompañamiento que tenía— ingresó a Jacky a un albergue.
Beatriz Maldonado, fundadora de Mujeres Unidas por la Libertad, reclama que no solo internaron a Jacky sin dar explicaciones, sino que en el albergue ni siquiera sabían qué tratamiento darle o por qué estaba ahí, si tenía alguna red de apoyo y que, como parte de su acuerdo de preliberación, debe ir cotidianamente ante el juez para firmar por su libertad.
“Solo porque a Adriana se le ocurre dejarle su gafete de Mujeres Unidas por la Libertad es que del albergue nos hablan en la nochecita para preguntarnos de Jacky, que qué necesitaba o cuánto tiempo iba a estar ahí”, expone Maldonado.
Durante dos días, las activistas lucharon por rescatar a Jacky del albergue. Sin la presencia ni acompañamiento del Instituto de Reinserción, finalmente lograron sacarla y llevarla con ellas para darle el acompañamiento que requiera.
Nota original de MSN Noticias.
