La forma de comunicar cambia constantemente y las tecnologías de la información, especialmente las redes sociales, se posicionan como los principales canales de acceso, consulta y propagación de información. Su impacto va más allá del entretenimiento, porque construyen opinión pública, definen la participación ciudadana e influyen en las decisiones y políticas públicas.
Su importancia plantea retos que involucran el dilema de la regulación, los filtros, la veracidad de los contenidos, pero también la responsabilidad ciudadana de compartir contenidos falsos que fomenten la polarización de opiniones o el arraigamiento ideológico. Al respecto, el doctor Martín Rodrigo Echeverría Victoria, especialista de la BUAP en ciencia política y comunicación social, sugiere una mirada crítica y regulación para los contenidos de redes sociales y otras plataformas digitales.
Para el investigador, adscrito al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE), la duda sobre la veracidad de lo que se difunde es fundamental porque hay intereses detrás. Refirió que la alfabetización es una línea de acción que ya se estableció en algunos países, dirigida especialmente a un público adulto que necesita interiorizar criterios para distinguir información falsa de la verdad.
Mencionó que la regulación, en el caso de las redes sociales, sobre todo en el caso de información sospechosa, es algo que ya hace Facebook o Instagram en el caso de desnudos, contenido sexual o violencia explícita, aspectos censurados por la propia red social. Incluso, en algunos países las plataformas se encargan de la retractación, es decir, cuando alguna persona descubre que es información falsa y lo notifica, por ley tienen que quitar ese contenido.
“Lamentablemente en México y América Latina esto avanza de forma más cauta. La apuesta de las plataformas es comprometerse a autorregularse para no entrar en litigio y verse obligadas a cumplir con ciertas restricciones. Ese es el tema de América Latina, salvo Brasil, que obligó a instalar a moderadores de contenido, sobre todo en el gobierno de Jair Messias Bolsonaro y la insurrección después de la elección, cuando se tuvo que llegar a niveles realmente críticos para que el Poder Judicial actuara y pusiera un freno a las plataformas”.
Sobre el dilema de la libertad de expresión, el especialista indicó que esa discusión ya tuvo lugar en Europa, sin embargo, refirió que la prioridad fue proteger la integridad de los procesos electorales y el derecho a la información de las personas para no ser engañadas o manipuladas.
“Ese es un caso sencillo, pero hay otros más críticos, por ejemplo, cuando el crimen organizado utiliza Instagram o TikTok para reclutar a jóvenes, bajo engaños de un empleo que al final de cuentas es trabajo forzado. Esa es una forma de desinformación evidentemente mucho más crítica, incluso trágica. Me parece que el derecho de estos chicos a ser cuidados, protegidos frente a estas redes, es más importante y se tendría que poner en la balanza estas cuestiones porque hay una situación de altísimo riesgo”.
El investigador se pronunció además por la regulación de los canales donde se ofrecen productos o servicios y que sólo sirven de gancho para posibles fraudes. El vaso comunicante que hace llegar esa información debería tener controles, indicó.
Echeverri Victoria mencionó que la academia tiene aportaciones que pueden incidir de alguna manera con este tipo de propuestas, así como en la toma de decisiones de las personas que legislan sobre estos fenómenos.
Reconoció que los temas políticos o relacionados con la industria suelen ser más complicados, pues no hay mucha apertura para abrirse al resultado de las investigaciones o propuestas de la academia: “Es un constante trabajo de persuasión, acercamiento y aprovechar oportunidades, como la ley Olimpia”.
En cuanto al papel que juega la IA, mencionó que no sólo funciona para generar contenidos, el riesgo está en que puede ser empleada como una herramienta sofisticada para perfeccionar la desinformación, porque automatiza y acelera procesos, tanto en la fabricación de información como en la distribución. Recordó que el New York Times publicó en este año un reportaje sobre una campaña montada por 2 mil 500 influencers en Instagram que no existían.
“Tenían cuentas, cada una tenía miles de seguidores que generaban apoyo hacia MAGA (Make America Great Again) y Donald Trump. Todos esos seguidores existían, pero los influencers no. De hecho, tenían discursos bastante similares, lo que implica que hay un punto de apoyo para diseminar aún más estas operaciones de desinformación. Se trata de un proceso complejo y ahí es donde es importante el papel del Estado para proteger a sus ciudadanos de ser manipulados”.
Insistió en que la desinformación es masiva, cotidiana, manipula y genera casos críticos a nivel internacional e internacional, además de poner en riesgo procesos democráticos. No obstante, hay una responsabilidad de parte de los ciudadanos, la de no compartir, no dar like cuando el contenido sea sospechoso, cuando no se reconozca la fuente: “Hay que ser responsables como ciudadanos para no contribuir a diseminar esta desinformación y hacer el juego a estas entidades. Entonces, podemos hacer algo desde nuestro celular, siendo juiciosos e intuitivos al compartir o no esos contenidos, porque se pueden y deben consultar otras fuentes o enfoques de análisis que enriquezcan nuestra perspectiva como ciudadanos”.
