Las audiencias públicas sobre la creación de una Guardia Nacional en México para combatir la delincuencia, comienzan su segundo día de sesiones después de una primera ronda favorable al proyecto del gobierno.
Esta jornada comenzará con una mesa de asociaciones y gobiernos municipales cuyos integrantes debatirán temas relacionados con los intereses locales y la influencia que pueda tener sobre ellos la presencia de un cuerpo militar que, aunque nuevo, estará integrado por efectivos del ejército, la marina y la policía federal, lo cual es visto con ojerizas por críticos del plan.
La guardia nacional es solamente una de las dos aristas del plan nacional de seguridad cuyo aspecto principal es el social, enfocado hacia un programa de desarrollo económico sostenible que permita atacar las causas sociales de la delincuencia, la corrupción y la violencia que ambas generan.
Estas audiencias, que se desarrollan en el hemiciclo parlamentario con presencia de diputados de las diversas bancadas, son públicas y se busca una participación ciudadana lo más amplia posible.
Para el ciclo de audiencias están convocados representantes de organizaciones civiles, académicos y expertos en diferentes asuntos relacionados con el contenido del plan nacional de seguridad, como la economía, la docencia, psicología, los derechos humanos y muchos más.
Mañana, por ejemplo, participarán dirigentes de organizaciones civiles, académicos y especialistas sociales, y el viernes lo harán integrantes del gobierno federal, mientras que el sábado 12 cierran las audiencias con la participación de organismos internacionales e investigadores.
La sesión de ayer fue un éxito para el gobierno, pues la Comisión Nacional de Gobernadores aprobó la creación de la Guardia Nacional y, en consecuencia, las reformas de la Constitución para poder ejecutarla, un paso de trascendencia a pesar de que hubo una gran cantidad de recomendaciones y reservas.
Los seis gobernadores de la oposición que integraron una de las dos mesas temáticas se pronunciaron a favor aunque hicieron énfasis en el criterio de que el nuevo cuerpo debe ser dirigido por un mando civil y sin facultades para investigar delitos.
Por su parte, el gobierno insistió en que lo primordial no es debatir las diferencias políticas que hay entre los grupos partidistas, sino analizar lo que está ocurriendo en México que lo convierte en uno de los países más violentos del mundo.