Washington.-El Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump pidió a una corte federal de California modificar un acuerdo para detener a los niños junto a sus padres inmigrantes ilegales durante más de 20 días.
De 1997 y conocido como Flores, el pacto judicial a transformar fija en dos decenas de jornadas el límite máximo para la referida práctica.
Según reportes periodísticos, la solicitud fue interpuesta por el Departamento de Justicia en la ciudad de Los Ángeles en busca de implementar la orden ejecutiva que Trump firmó la víspera.
Esa disposición pone fin temporalmente a la separación de niños y padres inmigrantes ilegales detenidos en la frontera con México, pero deja fuera a quienes ya sufrieron la división familiar, incluidos, según datos oficiales, más de dos mil 300 pequeños.
Asimismo permanece sin cambio la política de ‘tolerancia cero’, aplicada desde mayo pasado y la cual dio origen a la retirada de menores del lado de sus progenitores y establece que cualquier detenido al cruzar ilegalmente la línea divisoria será arrestado y acusado de cargos criminales.
Mediante la nueva orden, los hijos de inmigrantes indocumentados en dicha situación no serán alejados de sus padres y estarán detenidos juntos por el Departamento de Seguridad Nacional.
La administración pretende que el tribunal mencionado suspenda el acuerdo Flores para retener con amparo legal a las familias completas en los centros de detención.
También aspira a que se permita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas gestionar esos sitios sin la necesidad de solicitar una licencia estatal, lo que permitiría abrir nuevas instalaciones.
Bajo la ley actual y las decisiones legales no es posible para el Gobierno detener juntas a las familias durante la tramitación de sus procedimientos de inmigración, estimó el Departamento de Justicia.
En 2015, el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) pidió sin éxito a la misma corte de California que modificara el pacto Flores, recordaron las informaciones periodísticas.
Posteriormente, el veredicto en contra de la solicitud oficial fue ratificado por el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, una instancia inferior a la Corte Suprema de Justicia con sede en San Francisco.
Dicho acuerdo se debe a un litigio que comenzó en 1985 cuando dos organizaciones humanitarias demandaron a la administración federal en nombre de unos niños inmigrantes que habían sido detenidos.