Los jornaleros agrícolas viven en condiciones de vida indignas en los lugares donde son contratados, afirma un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo autóctono.
El estudio consigna además delitos como la trata con fines de explotación laboral, lo cual es propiciado en buena medida por la falta de supervisión de las autoridades encargadas de evitar que ello ocurra.
Al presentar el informe, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, señaló que en el país hay más de 5.5 millones de personas que se dedican a actividades agrícolas, de las cuales el 32.6 por ciento labora sin ningún tipo de retribución a cambio, de acuerdo con cifras oficiales.
Entre los que sí perciben alguna ganancia económica, solo cuatro por ciento tienen acceso a servicios de salud, siete por ciento obtienen aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo, y tres por ciento poseen un contrato escrito con su empleador.
Al analizar el papel de las autoridades laborales en materia de prevención y detección de posibles casos de trata en el campo, la CNDH documentó que las acciones gubernamentales son ‘heterogéneas, diversas e incluso contradictorias entre sí’, lo cual deja ver que los servidores públicos tienen ‘grados muy disímiles de compromiso y conocimiento’ al respecto.
Una de las consecuencias de ello, señaló, es que la mayoría de los inspectores del trabajo no se sienten obligados a detectar y denunciar posibles casos de trata de personas, y en los casos en donde sí los identifican, no tienen apoyo gubernamental para intervenir.
Cuando la CNDH le solicitó informes sobre el tema a la Secretaría de Trabajo federal y a la de los 32 estados de la República, solo 21 autoridades respondieron a la petición de datos, pero en el 71.4 por ciento de estos casos, no mostraron información para comprobar la inexistencia de víctimas de trata, en las visitas de inspección supuestamente realizadas.