Beijing.- El viceministro chino de Relaciones Exteriores, Le Yucheng, advirtió al embajador de Canadá aquí, John McCallum, de las serias consecuencias que desencadenará la permanencia en prisión de Meng Wanzhou, directora ejecutiva del gigante tecnológico Huawei.
Al presentar una nueva protesta, el funcionario reiteró la exigencia de liberarla de inmediato y proteger sus derechos legítimos y legales, o de lo contrario a la nación norteamericana se le hará responsable por el caso.
‘Se trata de una seria violación de sus derechos legales (…) la detención de Meng es ilegal, irracional y despreciable’, agregó el viceministro.
Le Yucheng citó al diplomático luego de aplazarse hasta el lunes la audiencia que decidiría la libertad bajo fianza de la ejecutiva.
El fiscal John Gibb-Carsley se opuso y llamó a la corte a negar ese recurso al asegurar que Meng ‘corre un riesgo extremo de fuga’ de Canadá porque Estados Unidos quiere su extradición.
Washington pidió a Ottawa detenerla bajo el supuesto cargo de violar las sanciones impuestas contra Irán, por lo cual podrían condenarla hasta a 30 años en la cárcel.
La justicia canadiense efectuó el arresto el pasado día 1 en el aeropuerto de Vancouver, mientras Meng se disponía a tomar un vuelo con conexión a México.
Huawei negó la acusación y aseguró el cumplimiento de todas las regulaciones de los territorios donde opera.
Además, el Gobierno de China recordó que como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU siempre implementó las resoluciones aprobadas por ese órgano, pero al mismo tiempo rechazó la imposición de medidas unilaterales de un Estado contra otro.
No obstante, descartó que el caso afecte las negociaciones bilaterales en marcha con Estados Unidos para buscar una salida satisfactoria a las desavenencias, en especial, en el terreno económico-comercial.
Pero observadores alertan sobre las secuelas para Canadá porque está bajo la presión de Washington para que frene la compra de equipos de Huawei para la conexión 5G, la de mayor velocidad de conexión.
Coincidentemente, Japón -un aliado asiático de Washington- está en planes de vetar la adquisición de dispositivos fabricados por esa empresa y su compatriota ZTE para las entidades públicas.
