La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el municipio de San Pedro Cholula, estado de Puebla, en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Sin embargo, la legislación se mantiene vigente, pues el tribunal no concedió su suspensión.
En el acuerdo de admisión, el ministro de la Corte Jorge Pardo emplazó al presidente de la República, así como al Congreso de la Unión a presentar los respectivos informes justificados sobre la LSI que respondan a la demanda del municipio poblano.
Los emplazados tienen 30 días hábiles para responder.
Con la admisión a trámite se abre la etapa de instrucción del juicio en el que se analizará la constitucionalidad de la ley impugnada, que entró en vigor el 21 de diciembre mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Según el municipio de San Pedro Cholula, la legislación violenta de manera flagrante su autonomía.
La LSI otorga un marco legal a la participación de las fuerzas armadas mexicanas en el combate contra la inseguridad y el crimen organizado. En el Senado se recaban firmas para presentar otra controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior que, según los promotores, promueve la militarización del país.