Al asentar que el derecho a la educación, la autonomía y la legalidad no están sujetos a negociación, como representante legal de la BUAP, el Rector Alfonso Esparza declinó la invitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) para realizar una reunión de trabajo en torno a la revisión que esta instancia inició el pasado 5 de diciembre, pues de aceptarla se convalidaría “un acto que es anticonstitucional y atenta contra la autonomía de esta casa de estudios”.
En rueda de prensa, el subcontralor de la BUAP, José Ubaldo Ramírez, dio lectura al oficio 193/2020 que con fecha 13 de enero envío el Rector Alfonso Esparza Ortiz al titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, en el cual estableció lo anterior e informó que para garantizar una revisión imparcial, profesional y apegada a Derecho, el pasado 17 de diciembre la Universidad solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) atraer para sí la revisión de referencia.
En respuesta al oficio de la ASE, fechado el 10 de enero pasado, el Rector Alfonso Esparza reiteró la posición del Consejo Universitario: “La BUAP no se opone a ningún proceso relacionado con la rendición de cuentas, siempre se ha encontrado abierta a cualquier procedimiento de revisión y permanentemente ha sido auditada en todos sus recursos por las instancias correspondientes”. Sin embargo, es la primera vez que se violan los derechos de la Universidad plasmados en la Constitución Política del país y en otros ordenamientos legales, ya que la ASE carece de facultades para fiscalizar recursos federales.
En su respuesta, el Rector de la BUAP precisó que además de las violaciones formales, “la auditoría preventiva prevista en una ley secundaria local es espuria, susceptible de depuración constitucional”, lo mismo que el propósito de fiscalizar toda la gestión de un ejercicio en tiempo real, pues anula la actividad de los órganos de control y precipita un ejercicio de revisión para el cual la Constitución establece plazos y derechos de los auditados que no deben omitirse.
Tras recordar que la constitución mexicana reconoce plenamente la autonomía de las universidades, garante del derecho a la educación superior, señaló que si bien las universidades son susceptibles de ser fiscalizadas, ya que reciben recursos públicos, este procedimiento debe llevarse a cabo por la autoridad facultada, siempre y cuando no se atente contra el principio de autonomía universitaria.
“Cuando la autoridad se entromete en lo que no le corresponde, se viola la autonomía. Cuando la fiscalización se utiliza para violar la autonomía, es inconstitucional. Cuando la auditoría del Estado nos audita recursos que no son de su competencia, viola la legalidad y la autonomía”.
En compañía de los consejeros directores Iván Aguilar Enríquez, Luis Ochoa Bilbao y Francisco Tenorio Martínez, de las facultades de Cultura Física, Derecho y Contaduría Pública, respectivamente, el subcontralor Ubaldo Ramírez afirmó que la Institución se conducirá por los cauces legales y no descartó recurrir al amparo contra la inconstitucionalidad de la auditoría preventiva iniciada por la ASE el pasado 5 de diciembre.
