Este miércoles 10 de febrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer la detención de Iris Cristina “N”, presunta implicada en el accidente aéreo que sufrieron Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle el pasado 24 de diciembre de 2018.
A través de un comunicado oficial, la institución de justicia anunció que dicha aprehensión se realizó en el estado de Veracruz, en conjunto con la Fiscalía de ese estado. La mujer se encontraba bajo investigación debido al percance donde, además de los políticos poblanos, perdieron la vida otras tres personas.
De acuerdo con las indagatorias, Iris Cristina “N” trabajaba en la empresa Rotor Flights Services, relacionada con el funcionamiento de la aeronave que se desplomó a finales de 2018.
Los delitos por los cuales será determinada su situación jurídica en el estado de Puebla, una vez que sea trasladada, serán homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas ante una autoridad.
Junto con ella, otros cinco implicados permanecerán en prisión preventiva, mientras se resuelve su situación legal.
De acuerdo con las autoridades locales, Iris Cristina “N”, de 45 años de edad, dio el permiso para que una pieza de la aeronave donde viajaban las cinco personas, que presentaba fallas desde el mes de septiembre de 2017, fuera sustituida, sin embargo, no dio aviso del cambio, por lo que no se pudo constatar su funcionamiento y estado.
Cabe recordar que en el mes de diciembre de 2020, autoridades poblanas emitieron un comunicado en el cual afirmaron la detención de cuatro implicados en el accidente aéreo. Entre los que se encontraban el dueño de la compañía Rotor Flights Services y dos mecánicos del avión, así como un técnico, Ricardo “N”.
Ese mismo día, en Ciudad de México, una mujer fue detenida por su presunta relación con este accidente, informó la Fiscalía General de Justicia de la capital. La orden de aprehensión en contra de María “N” se ejecutó en colaboración con la Fiscalía de Puebla en la colonia Santa María la Ribera, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con el reporte de la FGJ-CDMX, ella se desempeñaba como responsable del taller donde la aeronave recibía mantenimiento. También señalaron que se le imputó “la probable comisión de los delitos de homicidio y daño a propiedad ajena, ambos a título de culpa y por falsedad de declaraciones”.
El 29 de diciembre de 2020, durante la audiencia inicial del caso, un juez determinó que los argumentos presentados por la Fiscalía de Puebla eran suficientes para comenzar el proceso penal en contra de José Antonio “N”, María Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”.
Los delitos por los cuales fueron acusados son homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones. Sin embargo, los abogados de los empleados mencionaron que notificaron a la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, dueña de la aeronave, sobre las fallas en el sistema de estabilidad, por lo que no se podía realizar el vuelo.
Se argumentó que estos imperfectos fueron reportados alrededor de 11 días antes del accidente, y que la empresa era la responsable de autorizar el reemplazo de la pieza para reparar la aeronave para que pudiese volar sin complicaciones. Sin embargo, detallaron que la pieza nunca se cambió e incluso se realizaron un par de vuelos antes del accidente.
Durante el mes de marzo de 2020, el gobierno Federal dio a conocer el informe definitivo acerca del accidente donde murieron Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. En él se aclaró que el accidente no fue ningún sabotaje, por lo que se le atribuyó a una falla técnica de la aeronave.
