- En México el 23.5 % de la niñez trabaja para pagar sus estudios, según datos de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil.
La pandemia por SARS-COv2 (COVID-19) ha ocasionado el fallecimiento de cientos de miles de personas en el mundo, efectos negativos en la economía y la pérdida de fuentes de empleo. Al desarrollarse condiciones aún más graves de pobreza, marginación, discriminación, falta de acceso a la educación y la prevalencia de una economía informal, se advierte del posible aumento de la explotación laboral infantil.
En el año 2015 se reportó una cifra de 2,475,000 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizando alguna actividad económica, de acuerdo con las últimas cifras sobre el trabajo infantil emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, las Senadoras Nancy de la Sierra Arámburo y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT en el Senado de la República, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, a reforzar e implementar medidas especiales de prevención, erradicación y sanción de trabajo infantil.
Se estima que en México el COVID-19 ya provocó la pérdida de más de 875,000 empleos formales, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin tomar en cuenta el desempleo del sector informal en el que se halla el 55 % de las y los trabajadores del país.
“Aunque la Ley Federal del Trabajo permite que los adolescentes con edad mínima de 15 años puedan ejercer algún trabajo remunerado, es alarmante que alrededor de 2 millones doscientos mil niñas, niños y adolescentes realizan ocupaciones no permitidas, actividades que ponen en riesgo su salud o afectan su desarrollo y que, por supuesto, provoca violaciones a los derechos humanos”, expresó la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo.
Como presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 en el Senado de la República, de la Sierra Arámburo comentó que la ONU ha propuesto el trabajo decente y crecimiento económico como su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, incluyendo la meta 8.7 enfocada a la implementación de medidas inmediatas y eficaces para poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
El presente punto de acuerdo está disponible en la gaceta del Senado de la República a través del siguiente enlace:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/108696
