Nacional

Hoy estamos viendo las consecuencias ante la falta del respeto al Estado de Derecho: Reinserta

o  Las instituciones de seguridad y los integrantes que las componen tienen la obligación de velar por la seguridad de todas las personas, en el cumplimiento de los Derechos Humanos.

o  INEGI reporta que los jueces, los Ministerios Públicos, la policía ministerial y las policías preventiva municipal son cuatro de las cinco instituciones peores evaluadas en percepción de confianza por parte de la ciudadanía.

o  La labor de las polícias municipales es preventiva, está llamada a ser un facilitador a las necesidades de la ciudadanía.

o  Condenamos que integrantes abusen de su autoridad, haciendo caso omiso al uso legítmo de la fuerza, a los principios de proporcionalidad y absoluta necesidad.

 

CDMX.-Reinserta condena el asesinato de Victoria, en Tulum, Quintana Roo, rechazamos categóricamente cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Las instituciones de seguridad y los integrantes que las componen tienen la obligación de velar por la seguridad de todas las personas, en la observancia y el cumplimiento de los Derechos Humanos.

Este atroz acto perpetrado por elementos de la policía municipal se suma a la deuda que las autoridades de este país tienen con las instituciones que representan y sobretodo, con la sociedad a la cual sirven.

Como organización de la sociedad civil, hacemos un llamado a que, de acuerdo a la ley, se investigue el asesinato de Victoria bajo la luz de la perspectiva de género y se tomen las medidas correspondientes para sancionar a los elementos involucrados y prevenir futuros actos que atenten contra la vida y dignidad de las personas.

El asesinato de Victoria exhibe de nueva cuenta la vulnerabilidad de las mujeres en este país. Vivimos en un país donde el debido proceso está completamente roto desde el momento de la detención. Victoria fue detenida por una policía que abusó de su posición, que violó el principio de proporcionalidad y el principio de usar la fuerza en absoluta necesidad. El debido proceso de nuestro Sistema de Justicia Penal está roto también con las víctimas, quiénes siguen sin encontrar un espacio seguro para ir a denunciar y cuando lo hacen, son revictimizadas por las autoridades. Por último y no menos importante la cadena del respeto al debido proceso se encuentra roto también para las personas que están privadas de la libertad, quienes frecuentemente hubo violaciones a su proceso judicial.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE 2020) la policía ministerial, los Ministerios Públicos y los jueces, ocupan el tercero, cuarto y quinto lugar respectivamente de instituciones peor evaluadas con respecto a percepción de confianza entre la ciudadanía. Por su parte, la policía preventiva municipal ocupa el segundo lugar de las instituciones donde existe menos confianza en su actuar.

La labor de las polícias municipales es preventiva, requiere de una comunicación constante, de acciones que ayuden a orientar a la población sin discriminar ni hacer distinción alguna. En otras palabras, la policía municipal tiene que ser un facilitador a las necesidades que la ciudadanía tiene. Por ello, condenamos que integrantes abusen de su autoridad, haciendo caso omiso al uso legítmo de la fuerza, a los principios de proporcionalidad y absoluta necesidad y quiten la vida, en este caso, de una mujer.

Hay que reconocer que si bien existen avances en materia de profesionalización y capacitación policial, aún quedan grandes rezagos. Uno de ellos es transitar a un modelo de capacitación práctica basada en escenarios reales y protocolos para que las y los policías tengan elementos que sirvan en su actuar en el ejercicio de sus funciones y en estricto apego al respeto a los Derechos Humanos.

El actuar policial y de los integrantes que componen las instituciones de impartición de justicia basado en la ley es un factor clave para hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país. La autoridad debe ser la primera en respetar las reglas de convivencia en la sociedad. Si las autoridades no pueden garantizar la seguridad para las personas nacionales o exranjeras en territorio nacional, el resultado serán violaciones, cada vez más frecuentes, a Derechos Humanos a lo largo de las fases que componen el proceso del Sistema de Justicia Penal.

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