Leonor Ortiz Monasterio y Katia Guzmán
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
El llamado de «quédate en casa» no es igual para todas las personas: para quienes trabajan en la informalidad implica quedarse sin remuneración.
La Jornada de Sana Distancia ha sido una de las principales estrategias públicas implementadas por el gobierno federal para contener la propagación del Covid-19. No obstante, las acciones para asegurar el cumplimiento de esta estrategia corresponden realmente a los gobiernos locales. Estos han mostrado distintas formas de hacer cumplir estas medidas. En la Ciudad de México, por ejemplo, tanto gobierno como organizaciones locales HAN APELADO A LA CONCIENCIA de las y los ciudadanos para evitar salir a las calles, pero también a un tipo de publicidad de objetivos y resultados cuestionables. En días recientes, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas —antes Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad— lanzó una campaña en mobiliario público: “Quédate en casa. Quédate vivo”, la cual consistió en la divulgación de mensajes negativos —tales como “No quieres estar encerrado en casa pero sí en un ataúd” o “SI SALES MATAS, SI SALES MUERES”. El tono de estos mensajes parece tener como objetivo generar miedo y, de esta forma, evitar que las personas salgan de casa.
Campañas de este tipo no parecen tomar en cuenta un factor fundamental: la informalidad laboral en la que viven millones de mexicanas y mexicanos. Alrededor de 15 MILLONES DE PERSONAS trabajan en el sector informal, de acuerdo con las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, sin importar condición de ocupación, una proporción importante de la población vive en situación de pobreza por lo que abandonar sus actividades productivas implicaría una amenaza para la subsistencia de sus familias. Esta combinación de precarización laboral y bajos ingresos hace que campañas como la mencionada resulten en llamados insensibles y poco empáticos dada la realidad del país. En México, el hambre es una amenaza igual de importante que el Covid-19 y forzar a la gente a dejar de trabajar sin ofrecer ningún tipo de apoyo financiero es, seguramente, igual de grave que obligarlos a salir en medio de la pandemia.
#QuédateEnCasa, ¿una opción para todas?
Se consideran informales aquellas personas que trabajan pero no tienen prestaciones sociales básicas; o bien, que trabajan en lugares no registrados —comerciantes de esquites, pan dulce y otras delicias culinarias son ejemplos de esta situación. Vale la pena destacar que, de acuerdo con estimaciones del INEGI EN 2019, de cada 100 pesos generados de Producto Interno Bruto, 22 provienen de la informalidad. En este sentido, la informalidad resulta un indicador, si bien imperfecto, de las personas que pueden hacer cuarentena: entre mayor sea la tasa de informalidad en una entidad, la tendencia a que sus residentes puedan quedarse en casa será menor.
Comparada con el sector formal, la informalidad se caracteriza por la percepción de menores ingresos, por una mayor inestabilidad en la disponibilidad de recursos y por una gran precariedad al no contar con prestaciones sociales: no hay seguridad alguna de que las fuentes de ingreso van a seguir ahí si se deja de asistir a trabajar. Si analizamos la tasa de informalidad por estado se observa que Oaxaca y Guerrero tienen alrededor de 80% de su población económicamente activa en la informalidad. Esta situación dificulta -si no es que imposibilita- el cumplimiento de la cuarentena. El confinamiento equivaldría a condenar a ese 80% a quedarse sin remuneración alguna.
Puedes revisar la investigación completa al dar clic aquí.
Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/informalidad-covid-19/
