En Tamaulipas, uno de los estados mexicanos más violentos, los ciudadanos reportan la compra y coacción del voto con miras a las elecciones del 1 de julio.
La organización internacional Global Exchange (GE) y otras agrupaciones dieron cuenta del uso de despensas y del desvío de dinero público de programas sociales como Prospera (contra la pobreza) para influir en el sufragio de los beneficiarios.
‘Muchas personas expresaron desconfianza al señalar que no reportan la realidad por temor y amenazas. Algunos incluso informaron que existe complicidad entre autoridades y el crimen organizado’, señalaron.
Así lo dijo Ted Lexis, director de GE, quien junto a la directora del Instituto de Investigación, Práctica Social y Cultural, Atala Chávez; y Janice Gallagher, de Rutgers University, dieron a conocer los resultados de una misión de observación electoral en la entidad.
Los activistas afirmaron que en el estado y en otros del país existe la posibilidad de que los funcionarios de casilla declinen o falten el día de los comicios ‘por recibir amenazas o porque les pagaron’.