En los juzgados mexicanos existen poco menos de ocho mil amparos contra la Ley de Seguridad Interior (LSI), a cinco meses de promulgada.
De esos recursos solo se han resuelto 16 a favor de organizaciones de la sociedad civil y los demás esperan a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre su constitucionalidad.
Ello podría tomar más de un año, tiempo en el que habrían de sumarse más amparos.
Diversos colectivos y organizaciones civiles presionan al ministro Jorge Mario Prado, encargado de elaborar los proyectos de sentencia sobre la LSI, argumentando que dotar a las fuerzas armadas de un marco legal para intervenir en protestas sociales o movilizaciones trasgrede los derechos humanos.
Por su parte el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto argumenta que es necesaria la participación de los militares en tareas de orden interior, a fin de combatir al crimen organizado, principal responsable de la violencia en el país.