El empecinamiento de Donald Trump en contra de la migración indocumentada, y sobre todo ante las oleadas de centroamericanos que huyen de sus países y viajan al norte para pedir asilo en Estados Unidos, ha llegado a un punto en el que el presidente pone en riesgo la estabilidad y el bienestar de millones de estadounidenses.
La amenaza de imponer ingentes aranceles a México a menos que ese país frene el flujo de migrantes hacia el norte es un ominoso ejemplo de la desfiguración de las políticas de la Casa Blanca en materia no solo de inmigración sino en el manejo de la economía y la diplomacia estadounidenses.
En la frontera ciertamente hay una crisis, pero no de crimen o seguridad nacional, sino una de tipo humanitario, pero Trump y su entorno se empeñan en presentarla y enfrentarla de la primera manera y desdeñan el drama implícito en la segunda. Eso causa grave sufrimiento adicional a los migrantes, personas muy vulnerables y en riesgo, y en realidad no ayuda a atender los problemas de seguridad fronteriza que sí existen (como el tráfico de armas, drogas o personas) y en cambio provoca efectos adicionales ominosos que afectan a una escala mayor, incluidos en ello a los propios estadounidenses.
La amenaza de imponer 5% de aranceles el próximo 10 de junio a todos los productos provenientes de México a menos que ese país frene la llegada de migrantes a Estados Unidos –y de incrementar ese monto progresivamente hasta el 25% en septiembre si la migración vía México no cesa– ciertamente castigaría a la economía mexicana, pues sus productos se volverían más caros en los mercados estadounidenses y perderían con ello ventas y mercado.
Pero será tanto o quizá más dañino para las empresas y consumidores estadounidenses, pues las economías de Estados Unidos y México están, para bien y para mal, profundamente interconectadas y mucho de los que se produce y comercia entre uno y otro implica relaciones mucho más hondas que una mera compra-venta.
Millones de empleos en Estados Unidos, por ejemplo, dependen de las importaciones mexicanas, y muchas empresas estadounidenses producen productos finales o partes en México y las reintroducen en Estados Unidos para continuar sus cadenas productivas. Por eso, imponer aranceles como los que supone Trump elevaría a tal grado los costos de muchas empresas estadounidenses que forzaría alzas de precios o los obligaría a cortar gastos, en especial empleos, dentro de Estados Unidos.
Las ciudades estadounidenses en la frontera, donde viven millones de personas, dependen para su subsistencia y prosperidad del comercio con México, por lo que un alza de aranceles como la planteada por Trump le produciría a esas urbes fronterizas en California, Arizona, Nuevo México y Texas una severa sangría, una desestabilización inquietante de su forma de vida.
Por añadidura, un eventual deterioro económico de México por la reducción de su comercio con Estados Unidos podría catalizar las presiones que suscitan la migración, por lo que Trump podría estar al final estimulando los propios flujos migratorios que se supone quiere frenar.
Trump, además, se pone el pie a sí mismo pues su plan de tarifas punitivas contra México se da justo cuando el nuevo tratado de libre comercio norteamericano, el sucesor del NAFTA que el propio presidente estadounidense ha repudiado, está en vías de ser ratificado, un proceso que podría alterarse e incluso descarrilarse a causa de las presiones arancelarias unilaterales, ajenas a criterios o razones económicas o comerciales, del presidente. Eso añade incertidumbre adicional sobre si la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes ratificará ese tratado.
