Washington.- Estados Unidos volvió esta semana a ser escenario del inacabable drama de los tiroteos masivos con decenas de víctimas y donde mueren cada año una media de 34 mil ciudadanos, 93 por día.
Esta vez el joven de 19 años Nikolas Cruz, entró el pasado miércoles en una secundaria de la localidad floridana de Parkland, condado de Broward, y asesinó a 17 personas con un fusil de asalto semiautomático AR-15.
El armamento que empleó Cruz es el mismo utilizado por otros atacantes en algunas de las principales masacres cometidas en el país norteño en los últimos tiempos, como la de Las Vegas en octubre de 2017 donde fallecieron 58 personas o la de Orlando en junio de 2016 con 49 víctimas.
Ante estas situaciones políticos, ciudadanos, instituciones, medios de comunicación y asociaciones de todo tipo, una y otra vez reabren el eterno debate sobre cómo regular el acceso y posesión de armas de fuego, un derecho que protege la segunda enmienda de la Constitución estadounidense.
Los análisis y reclamos para la imposición de leyes regulatorias datan de 1999 después de la matanza en la escuela secundaria de Columbine, en el Estado de Colorado, donde dos de sus estudiantes asesinaron a 12 condiscípulos y un profesor.
En esa ocasión el Senado, por un único voto de diferencia, aprobó la obligatoriedad de que las armas fabricadas a partir de ese año en adelante debían disponer de mejores seguros en los gatillos, y reforzó los requisitos necesarios, en ese entonces, para comprar un arma en ferias de armamento.
Pasados cinco años de la decisión en el 2004, el Congreso de Estados Unidos rechazó la renovación de la ley que prohibía la venta de armas militares al público, incluidas las semiautomáticas.
Esta legislación la aprobó el gobierno del demócrata Bill Clinton en 1994, que posibilitó una disminución en las muertes por armas de fuego, y específicamente el AR-15 figuraba entre las armas prohibidas en esa política.
No fue hasta el 2008 que el expresidente republicano George W. Bush firmó una ley para exigir investigaciones previas a los compradores de armas, que los diagnosticara ante alguna enfermedad mental y así impedir que personas afectadas adquirieran armamentos.
Sin embargo, esta norma no tuvo en cuenta que muchos atacantes, pese a sufrir padecimientos de ese tipo, no son tratados y por ende no existe registros que los exoneren.
Los análisis no quedaron ahí, y tras la masacre del 2012 en la escuela primaria de Newtown en Connecticut, en la que murieron 20 escolares, los líderes del Partido Demócrata con el expresidente Barack Obama al frente apostaron con fuerza por regular la compra de armas.
No obstante, los esfuerzos fueron rechazados por la Cámara de Representantes, donde los republicanos tenían mayoría, y por el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle, que financia campañas y contribuye a las iniciativas de un buen número de parlamentarios conservadores a cambio de su defensa de la segunda enmienda.
En el año 2017 una semana después de la matanza de Las Vegas, la senadora demócrata Dianne Feinstein presentó un proyecto de ley para prohibir la venta de armas hasta que no se completara la revisión del historial de los compradores.
Actualmente, si esta investigación tarda más de 72 horas, los establecimientos tienen permitido vender los artefactos, aunque no hayan finalizado las pesquisas.
La medida todavía está en debate, pero solo cuenta con el apoyo de 22 senadores de los 100 que componen la Cámara Alta, de ellos ninguno es del Partido Republicano, escaño político del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Y mientras las definiciones gubernamentales van y vienen en el país mayor productor de armamentos del planeta se suceden tiroteos masivos a cada instante, y nueve de cada diez ciudadanos son portadores de armas de fuego, tienedo como únicos requisito, ser mayor de 18 años de edad y no tener récord criminal.